Santo Domingo, RD.— Comerciantes organizados manifestaron su rechazo a la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que su aplicación afectará de manera directa a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, expresó su desaprobación a la promulgación de la normativa, señalando que fue aprobada de manera sorpresiva, pese a que existían expectativas de que el Poder Ejecutivo la observara o vetara. A su juicio, la ley deja en condición de vulnerabilidad a los comercios emergentes y a gran parte del sector productivo nacional.
“Tenemos una situación con la Ley de Residuos Sólidos. Se pensaba que iba a ser vetada, pero anoche sorpresivamente fue promulgada”, afirmó García, al advertir que la medida castiga de forma desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas.
Impacto económico en las empresas
García cuestionó el esquema de aportes económicos que establece la nueva legislación, indicando que los empresarios que declaren ventas superiores a RD$100 millones pasarán de pagar RD$360,000 a RD$675,000, mientras que aquellos con ingresos de hasta RD$10 mil millones asumirán el mismo monto. Esta situación fue calificada como un “abuso”, al implicar —según explicó— un aumento cercano al 500%, sin que exista una diferenciación real entre grandes y medianos contribuyentes.
“Eso es prácticamente un impuesto, porque ese servicio no nos lo brindan”, sostuvo el dirigente comercial, al tiempo que reiteró que la ley castiga de manera directa a la pequeña y mediana empresa dominicana.
Postura del Poder Ejecutivo
De su lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, ha explicado que la Ley 98-25 busca fortalecer el marco jurídico para una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, alineada con el ordenamiento jurídico dominicano y orientada a promover la sostenibilidad ambiental y la economía circular.
La normativa también introduce medidas ambientales más estrictas, incluyendo controles sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación, comercialización y consumo serán prohibidos de forma progresiva a partir de 2026, salvo aquellos productos que cuenten con aditivos biodegradables certificados.
Piden alternativas para las pymes
Aunque no es la primera vez que Iván García se pronuncia contra esta legislación, reiteró que el sector comercial aún confía en que el Gobierno pueda buscar alternativas o mecanismos de aplicación diferenciada que no perjudiquen a las pymes.
“Todavía confiamos en que se busque alguna vuelta. Esta ley castiga a la pequeña y mediana empresa de la República Dominicana”, concluyó.
La Ley 98-25, ya promulgada por el presidente Luis Abinader, continúa generando debate entre los sectores productivos, que reclaman un equilibrio entre la protección ambiental y la sostenibilidad económica del comercio nacional.
