El alquiler de viviendas a través de plataformas digitales como Airbnb y Booking podría quedar sujeto a un sistema de registro obligatorio, control fiscal y supervisión estatal en República Dominicana, según establece un proyecto de ley que propone la creación de la Superintendencia de Condominios y que busca regular de forma específica la renta corta dentro de residenciales.

La iniciativa legislativa contempla que esta modalidad de alquiler solo sea legal cuando esté expresamente autorizada en el reglamento interno de cada condominio, además de exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias y normas de convivencia. El proyecto reconoce el derecho de los propietarios a disponer de sus inmuebles, pero lo subordina a la seguridad, el orden y la tranquilidad de las comunidades residenciales.

Uno de los pilares de la propuesta es la creación del Registro Nacional de Condominios Rentistas y de Renta Corta, que estaría bajo la administración de la nueva Superintendencia. En este registro deberán inscribirse tanto los condominios que permitan la renta corta como las unidades que se oferten en plataformas digitales, a las cuales se les asignará un código único. La inscripción sería un requisito indispensable para operar de manera legal.

En el ámbito fiscal, el proyecto dispone que los propietarios y condominios que destinen unidades a alquiler de corta duración deberán estar inscritos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y emitir comprobantes fiscales conforme a lo establecido en el Código Tributario. La iniciativa no crea nuevos impuestos, pero integra esta actividad al sistema de control tributario vigente, condicionando su legalidad al cumplimiento de estas obligaciones.

La propuesta también establece que la renta corta deberá ajustarse a reglas claras definidas por cada condominio, incluyendo límites de aforo, horarios, uso de áreas comunes y protocolos de convivencia. Asimismo, exige el cumplimiento de normas de seguridad, salubridad y prevención de riesgos, así como la contratación de seguros que cubran posibles daños a bienes comunes y riesgos asociados a la actividad de hospedaje.

El proyecto asigna responsabilidad directa a los propietarios por los daños, ruidos excesivos o conductas indebidas de sus huéspedes, y obliga a las administraciones de los condominios a implementar controles de acceso y salida para evitar molestias a los residentes. En casos de incumplimientos reiterados, la Superintendencia de Condominios podría ordenar medidas correctivas, suspender temporalmente la actividad o cancelar el registro de las unidades infractoras.

La iniciativa también busca evitar que los condominios residenciales funcionen como “hoteles encubiertos”, definidos como aquellos donde exista alquiler masivo de unidades, administración centralizada con servicios propios de hospedaje u otras prácticas que alteren la naturaleza residencial del inmueble. Estas conductas podrían ser sancionadas con multas, suspensión o cancelación del registro y, en situaciones graves, con la clausura del espacio.

La supervisión de la renta corta estaría a cargo de la Superintendencia de Condominios en coordinación con la DGII, el Ministerio de Turismo y los ayuntamientos, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa en la aplicación de sanciones. El debate legislativo se produce en un contexto en el que el crecimiento acelerado de los alojamientos alternativos ha generado presiones sobre la convivencia residencial y ha reavivado la discusión sobre la necesidad de un marco normativo claro para este tipo de alquileres en el país.