Bolivia despide 2025 entre colapso económico y reconfiguración del poder político

La escasez de dólares, la inflación cercana al 20 % y la ruptura del MAS precipitaron el fin del ciclo de la izquierda y la llegada de un Gobierno centrista con giro geopolítico

Bolivia cerró el año 2025 inmersa en una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, un escenario que no solo deterioró las condiciones de vida de la población, sino que también aceleró un cambio histórico en el mapa político del país. La persistente falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el repunte inflacionario terminaron por erosionar al oficialismo de izquierda y facilitaron el ascenso de una opción de centro al poder tras casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

La escasez de divisas, visible desde 2023, se agudizó durante 2025 con restricciones bancarias y un mercado paralelo del dólar que llegó a cotizar la moneda estadounidense en torno a los 20 bolivianos, muy por encima del tipo de cambio oficial fijo de 6.96 vigente desde 2011. Este desequilibrio impactó directamente en los precios internos: la inflación acumulada entre enero y noviembre alcanzó el 19.69 %, uno de los niveles más altos registrados en años recientes.

El problema se extendió al sector energético. El desabastecimiento de combustibles se volvió recurrente, afectando transporte, producción y comercio. El Gobierno saliente de Luis Arce atribuyó la situación a la falta de dólares y al bloqueo legislativo a créditos externos, mientras la oposición y sectores empresariales señalaron una mala gestión fiscal y la caída estructural de los ingresos del Estado.

Uno de los golpes más duros provino del sector de hidrocarburos, históricamente el pilar de la economía boliviana. Entre enero y octubre, las exportaciones sumaron apenas 945.4 millones de dólares, un 34 % menos que en el mismo periodo de 2024. A esto se añadieron un déficit comercial de 521 millones de dólares y reservas internacionales que, a inicios de diciembre, se situaban en 3,277 millones, de los cuales solo 75 millones correspondían a divisas líquidas y el resto a oro.

El traspaso de mando, ocurrido el 8 de noviembre, estuvo marcado por versiones encontradas. Mientras Arce aseguró dejar una “economía estable”, las nuevas autoridades denunciaron haber recibido un país “devastado”, con elevados niveles de endeudamiento y presuntos casos de corrupción heredados tanto de su administración como de la era de Evo Morales.

En paralelo a la crisis económica, el MAS sufrió una fractura interna sin precedentes. La disputa entre Arce y Morales por el control del partido y la candidatura presidencial debilitó a la izquierda en un año electoral clave. Morales, impedido constitucionalmente de postularse tras haber gobernado en tres periodos, promovió el voto nulo, mientras Andrónico Rodríguez compitió por separado. El candidato oficial del MAS, Eduardo del Castillo, apenas logró el porcentaje mínimo para conservar la personería jurídica del partido. Semanas después, Arce fue encarcelado preventivamente por una investigación de presunta corrupción vinculada a su etapa como ministro.

El escenario abrió paso a una sorpresa electoral. Rodrigo Paz Pereira, un político de perfil centrista, lideró la primera vuelta del 17 de agosto y se impuso en la segunda vuelta del 19 de octubre al expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga. Su investidura contó con la presencia de mandatarios sudamericanos y una destacada delegación de Estados Unidos, país con el que Bolivia retomó acercamientos tras años de distanciamiento.

Ya en el poder, Paz marcó un giro en política exterior al restablecer relaciones con Israel y alejarse de aliados tradicionales del MAS como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el plano interno, su primera gran decisión fue eliminar la subvención a los combustibles vigente por más de dos décadas, una medida que el Gobierno consideró insostenible, pero que provocó resistencia de la Central Obrera Boliviana.

Con una economía frágil, tensiones sociales latentes y una relación conflictiva con su vicepresidente, que se ha declarado en “oposición constructiva”, el nuevo Gobierno enfrenta el reto de estabilizar el país. Bolivia inicia así una nueva etapa, marcada por el fin de un largo ciclo político y la incertidumbre sobre la profundidad y el costo del ajuste que viene.

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