La política de subsidios ha sido, históricamente, una de las principales herramientas de los gobiernos latinoamericanos para amortiguar el impacto del costo de vida sobre los hogares y preservar la estabilidad social. En República Dominicana, este enfoque ha cobrado especial relevancia en los últimos años, con un peso creciente del subsidio eléctrico y de otras transferencias públicas que, si bien cumplen una función social inmediata, plantean interrogantes serios sobre su sostenibilidad fiscal y su efectividad económica en el mediano plazo.
El caso del subsidio eléctrico es ilustrativo. Con un gasto que ya supera los RD$106,000 millones anuales, el Estado dominicano destina una porción significativa de sus recursos a cubrir las ineficiencias estructurales de las empresas distribuidoras. Más que un subsidio focalizado al consumidor vulnerable, el esquema actual funciona como un salvavidas financiero permanente para un sistema que arrastra altos niveles de pérdidas técnicas y comerciales, baja cobranza y una limitada capacidad de inversión. Este patrón no es exclusivo del país: en América Latina, sectores eléctricos de Argentina, Bolivia o Ecuador han mostrado dinámicas similares, donde el subsidio termina sustituyendo reformas profundas y postergando decisiones políticamente costosas.
El problema central de este tipo de subsidio es su carácter regresivo y poco transparente. Aunque se justifica en nombre de la protección social, buena parte del gasto beneficia también a usuarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad, incluyendo sectores de ingresos medios y altos, así como actividades económicas que no necesariamente requieren apoyo estatal. En términos fiscales, esto implica destinar recursos escasos a sostener precios artificialmente bajos, en lugar de invertirlos en infraestructura, educación o salud, áreas con mayor impacto en el crecimiento de largo plazo.
A este panorama se suman otros subsidios relevantes en la economía dominicana, como los destinados a los combustibles, al transporte, al gas licuado de petróleo (GLP) y a determinados alimentos. En conjunto, estas transferencias actúan como un colchón frente a choques externos —alzas del petróleo, inflación importada o depreciación cambiaria—, pero también generan una presión constante sobre el presupuesto público. En la práctica, el Estado asume riesgos que deberían ser gestionados parcialmente por el mercado o mitigados mediante políticas de ingresos y productividad.
Desde una perspectiva regional, la experiencia latinoamericana ofrece lecciones claras. Países que han sostenido esquemas de subsidios amplios y prolongados sin ajustes estructurales han terminado enfrentando crisis fiscales, inflación elevada o abruptos recortes del gasto. Argentina es el ejemplo más citado: años de subsidios energéticos generalizados derivaron en un fuerte desequilibrio fiscal y en la necesidad de ajustes drásticos, con altos costos sociales. En contraste, países como Chile y Uruguay han avanzado hacia modelos de subsidios más focalizados, combinados con tarifas más realistas y mecanismos de compensación directa a los hogares vulnerables.
Para República Dominicana, el riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo. El crecimiento económico sostenido ha permitido absorber, hasta ahora, el costo de estos programas sin comprometer de forma crítica la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en un contexto de menor espacio fiscal, aumento del servicio de la deuda y mayores demandas sociales, la expansión continua de los subsidios puede convertirse en un factor de vulnerabilidad. Cada peso destinado a cubrir déficits recurrentes es un peso que deja de invertirse en mejorar la competitividad y la resiliencia de la economía.
El desafío, por tanto, no pasa necesariamente por eliminar los subsidios, sino por redefinirlos. La discusión de fondo es política y técnica a la vez: cómo transitar desde subsidios generalizados e ineficientes hacia esquemas focalizados, temporales y condicionados, que protejan a quienes realmente lo necesitan sin desbordar las finanzas públicas. En el sector eléctrico, esto implica atacar las pérdidas, mejorar la gestión y recuperar la inversión; en otros sectores, supone mayor transparencia, evaluación constante de impacto y una narrativa clara hacia la ciudadanía.
En el contexto latinoamericano, República Dominicana aún tiene margen para corregir el rumbo sin recurrir a ajustes traumáticos. Pero la experiencia regional demuestra que postergar estas decisiones suele encarecerlas. El debate sobre los subsidios ya no es solo una cuestión de sensibilidad social, sino una prueba de madurez fiscal y de visión estratégica sobre el modelo de desarrollo que el país aspira a consolidar.
