Vivir en alquiler en las zonas urbanizadas del Gran Santo Domingo se ha convertido en un reto creciente para amplios sectores de la población, en un contexto marcado por el encarecimiento de las rentas, la desaceleración del sector construcción y una oferta cada vez más limitada de viviendas acordes a los ingresos promedio.

Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja un aumento de apenas 2.86 % en el componente de alquiler entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, actores del sector inmobiliario advierten que, en la práctica, los incrementos reales oscilan entre un 10 % y un 25 % en el último año. Esta brecha entre las estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana de los inquilinos evidencia una presión sostenida sobre el mercado de alquileres, especialmente en áreas céntricas y de alta demanda.

Los mayores aumentos se concentran en sectores consolidados del Distrito Nacional, donde la cercanía a centros de trabajo, servicios y vías principales eleva significativamente el valor de las rentas. En contraste, las opciones más asequibles suelen encontrarse en zonas periféricas, obligando a muchas familias a desplazarse hacia áreas más alejadas, con implicaciones en tiempo de traslado, acceso a servicios y percepción de seguridad.

Gremios del sector coinciden en que el alza de los alquileres responde a múltiples factores estructurales. Entre ellos destacan el incremento de los costos de construcción y de los terrenos, el encarecimiento del financiamiento debido a tasas de interés elevadas y una mayor dolarización de las propiedades, especialmente en segmentos dirigidos a determinados perfiles de inquilinos. A esto se suma una mayor preferencia por residir cerca de los principales polos de empleo y servicios, lo que intensifica la presión sobre la oferta disponible.

Los datos del IPC del grupo vivienda muestran incrementos en componentes que inciden directamente en el costo de los alquileres. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, se registraron alzas significativas en la reparación de puertas, los servicios de mantenimiento y los gastos comunes en copropiedad. Estos aumentos, junto a un bajo desempeño del sector construcción —que acumuló una contracción de su actividad económica— han limitado la incorporación de nuevas unidades habitacionales al mercado.

La reducción en la construcción de viviendas y el alto costo del crédito hipotecario han restringido el acceso a la compra, empujando a más personas hacia el mercado de alquiler. Cuando la demanda crece a un ritmo superior al de la oferta, los precios tienden a ajustarse al alza, profundizando las dificultades para quienes buscan una vivienda acorde a sus ingresos.

Este escenario ha generado un desplazamiento residencial, en el que muchas personas deben abandonar sectores que les resultan familiares para mudarse a zonas donde los alquileres son más bajos, pero con condiciones menos favorables en términos de infraestructura, servicios o entorno urbano. En el mercado se observa una coexistencia de ofertas: viviendas de mayor metraje con precios elevados y opciones más económicas, pero de menor calidad constructiva y mantenimiento limitado.

A la presión de los precios se suma la creciente dolarización del mercado inmobiliario, particularmente en el Distrito Nacional. Cada vez es más común que las ofertas de alquiler se expresen en dólares, incluso para apartamentos de una habitación, lo que introduce un riesgo cambiario adicional para los inquilinos cuyos ingresos están denominados en pesos. Esta tendencia responde, según analistas, a la búsqueda de protección frente a la inflación y la volatilidad del tipo de cambio por parte de los propietarios.

Aunque en el país no existe una prohibición explícita para los alquileres en moneda extranjera, la legislación establece que las ofertas y contratos deben expresarse en pesos dominicanos, lo que ha generado una brecha entre el marco legal y la práctica del mercado. Esta dolarización de facto traslada el riesgo cambiario al inquilino y contribuye a ampliar la distancia entre el costo de la vivienda y la capacidad de pago de los hogares.

Mientras tanto, los inquilinos continúan asumiendo la mayor carga en la búsqueda de estabilidad habitacional, enfrentando aumentos recurrentes, mayores exigencias contractuales y costos adicionales asociados al alquiler. En un contexto de ingresos que no crecen al mismo ritmo que las rentas, el acceso a una vivienda digna y estable se consolida como uno de los principales desafíos urbanos del Gran Santo Domingo.