En un contexto de crecientes presiones fiscales, demandas de mayor eficiencia del gasto público y cuestionamientos sobre el tamaño del Estado, el debate sobre la pertinencia del Ministerio de la Mujer en la República Dominicana vuelve de manera recurrente a la agenda pública. La pregunta no es ideológica, sino esencialmente práctica:
¿Aporta resultados medibles que justifiquen su existencia como ministerio, o su eliminación permitiría un Estado más ágil y efectivo?
Desde la lógica de la eficiencia estatal, toda institución pública debe superar una prueba básica, demostrar que resuelve un problema concreto mejor de lo que lo haría cualquier otra estructura del Estado. En el caso del Ministerio de la Mujer, su razón de ser está vinculada a la reducción de desigualdades de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y la transversalización del enfoque de igualdad en las políticas públicas. El problema es que, tras más de dos décadas de institucionalidad especializada, muchos de estos indicadores siguen mostrando rezagos preocupantes.
La República Dominicana continúa exhibiendo brechas relevantes en participación laboral femenina, acceso a puestos de toma de decisión y niveles alarmantes de violencia de género. Desde una lectura estrictamente gerencial, esto lleva a una crítica legítima, si los problemas persisten, ¿ha sido eficaz el modelo institucional elegido? Para un sector de la opinión pública, la existencia del ministerio parece haber generado más estructura administrativa que transformación social tangible.
Sin embargo, eliminar el Ministerio de la Mujer bajo el argumento de la eficiencia puede ser una conclusión apresurada. En países con desigualdades estructurales profundas, la ausencia de una entidad rectora especializada suele traducirse en la dilución del tema dentro de ministerios con agendas más amplias y prioridades distintas. La experiencia regional muestra que cuando la política de género se “dispersa”, pierde jerarquía política, presupuesto y capacidad de incidencia.
El verdadero dilema no es la existencia del ministerio, sino su desempeño. Desde una óptica de buen gobierno, el problema central ha sido la limitada capacidad de articular políticas interinstitucionales con resultados verificables. El Ministerio de la Mujer ha tendido a concentrarse en programas de sensibilización, formación y asistencia, pero con escasa capacidad de incidir en decisiones económicas clave, como empleo, productividad, acceso al crédito o formalización laboral, áreas donde se reproducen muchas de las brechas.
Aquí es donde la discusión sobre eficiencia debe ser más sofisticada. Eliminar el ministerio podría reducir costos administrativos marginales, pero difícilmente resolvería los problemas que le dieron origen. Más aún, podría generar un vacío institucional que termine siendo cubierto, de forma menos eficiente, por múltiples dependencias sin coordinación ni especialización, incrementando el desorden en lugar de corregirlo.
La alternativa más razonable, desde una perspectiva de gestión pública moderna, es una reforma profunda del rol del Ministerio de la Mujer. Esto implica redefinir su misión hacia funciones estratégicas, diseño de políticas basadas en datos, evaluación de impacto, fiscalización del cumplimiento del enfoque de género en el resto del Estado y coordinación efectiva con los ministerios económicos y sociales. Un ministerio pequeño, técnico y con metas claras puede ser más eficiente que una estructura grande sin poder real de incidencia.
En última instancia, la pregunta no debería ser si el Ministerio de la Mujer debe existir, sino si el Estado dominicano está dispuesto a exigirle resultados concretos y medibles. La eficiencia no se logra suprimiendo instituciones por cansancio político, sino corrigiendo fallas de diseño, gestión y liderazgo. En un país donde las desigualdades de género aún afectan el desarrollo económico y la cohesión social, desmontar la institucionalidad sin una alternativa sólida sería menos una reforma y más una renuncia.
Desde la óptica del interés público, la discusión correcta no es eliminar por eliminar, sino transformar para que el Estado, en todas sus áreas, funcione mejor. Y en ese desafío, el Ministerio de la Mujer debe ser parte de la solución, no un símbolo de inercia institucional.
