Aunque la deuda bajó frente al PIB, el peso real recae sobre una economía con alta informalidad

La deuda del sector público dominicano mantiene una trayectoria ascendente desde septiembre de 2020, con un aumento acumulado de US$21,980.2 millones en los últimos cinco años, lo que equivale a un promedio anual de US$4,396 millones, según datos oficiales de la Dirección General de Crédito Público (DGCP). Este comportamiento coloca a la actual administración como el período con mayor incremento absoluto del endeudamiento estatal en términos históricos recientes.

Las cifras indican que el crecimiento de la deuda ha sido impulsado tanto por el sector público no financiero como por el sector financiero. En el primer caso, los compromisos del sector público no financiero pasaron de US$43,091.1 millones en septiembre de 2020 a US$60,361.9 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, un aumento absoluto de US$17,270.8 millones, equivalente a un promedio de US$3,454.1 millones por año.

Por su parte, la deuda del sector público financiero, concentrada principalmente en el Banco Central, también mostró un incremento relevante. Este componente pasó de US$11,124.3 millones a US$15,696.1 millones en el mismo período, para un alza de US$4,571.8 millones, lo que representa un crecimiento anual cercano a US$914.3 millones.

En términos relativos, las autoridades económicas subrayan que el aumento del endeudamiento no ha sido desproporcionado si se compara con el crecimiento del producto interno bruto. Mientras en septiembre de 2020 la deuda del sector público consolidado representaba el 66.2% del PIB, para 2025 esta proporción se redujo a 57.6%, gracias a un mayor crecimiento nominal de la economía frente al ritmo de contratación de deuda.

No obstante, analistas advierten que esta lectura agregada oculta una debilidad estructural clave: la elevada informalidad de la economía dominicana. Cerca del 54% del PIB se genera en actividades que no tributan de manera regular, lo que limita la capacidad real del Estado para enfrentar el servicio de la deuda. En la práctica, el pago de capital e intereses depende únicamente del segmento formal de la economía, que es significativamente menor al tamaño total del producto.

Este desbalance implica que, aunque la deuda luzca más manejable en relación con el PIB, la presión fiscal efectiva es mayor sobre la base contributiva real. En un contexto de crecimiento del endeudamiento, mayores compromisos financieros y alta informalidad, el margen de maniobra del Gobierno se reduce, elevando la importancia de políticas orientadas a ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.