En la República Dominicana se ha ido consolidando, de manera silenciosa pero persistente, una tendencia que plantea serios desafíos a la calidad de la democracia y al futuro de la política partidista: la reproducción del poder político por vía hereditaria. Hijos, familiares y allegados directos de dirigentes históricos acceden a cargos de elección o a posiciones estratégicas dentro del Estado no como resultado de un proceso de formación, liderazgo probado o construcción política desde la base, sino por la transferencia simbólica y material del capital político familiar.
Este fenómeno no es nuevo en la historia política dominicana ni latinoamericana, pero en el contexto actual adquiere una gravedad particular porque se da en un escenario de descrédito generalizado de los partidos, de debilitamiento de la institucionalidad y de una ciudadanía cada vez más escéptica frente a la política como mecanismo de transformación social.
La meritocracia, entendida como el acceso al poder y a la representación pública en función de capacidades, trayectoria, preparación y legitimidad social, es uno de los pilares de una democracia funcional. Cuando este principio es sustituido por la herencia política, se rompe el vínculo natural entre representación y mérito. El liderazgo deja de ser una construcción colectiva para convertirse en un privilegio transmitido.
En estos casos, el apellido sustituye al programa, la cercanía familiar reemplaza a la experiencia, y la exposición mediática heredada ocupa el lugar del trabajo político territorial. El resultado es la emergencia de figuras que ostentan cargos sin haber pasado por los procesos formativos que tradicionalmente fortalecen el liderazgo: el contacto con las bases, la resolución de conflictos locales, la construcción de consensos y la rendición de cuentas directa ante la militancia.
El poder heredado suele producir liderazgos frágiles. No porque quienes lo ostentan carezcan necesariamente de inteligencia o vocación, sino porque su legitimidad no proviene del reconocimiento social construido, sino de una delegación artificial. Esta debilidad se manifiesta en la incapacidad de ejercer autoridad política real, de generar cohesión interna o de tomar decisiones estratégicas sin depender de estructuras familiares o de tutores políticos.
Además, estos liderazgos tienden a ser más reactivos que propositivos. Carecen de una visión propia, reproducen discursos aprendidos y suelen mostrar una limitada comprensión de las dinámicas sociales reales. Esto profundiza la desconexión entre la dirigencia política y una ciudadanía que enfrenta problemas cada vez más complejos y urgentes.
La proliferación de liderazgos heredados debilita de manera directa a los partidos políticos. Las organizaciones partidarias dejan de ser espacios de formación, debate y ascenso político para convertirse en plataformas cerradas donde el acceso a posiciones de poder depende de vínculos personales y no de méritos comprobables.
Este fenómeno desincentiva la participación de cuadros jóvenes y técnicos que, al no pertenecer a círculos familiares de poder, perciben que sus posibilidades de crecimiento político son limitadas. A largo plazo, esto empobrece la calidad del liderazgo partidario, reduce la innovación programática y refuerza la percepción de que los partidos son estructuras oligárquicas alejadas del interés público.
La normalización del poder heredado tiene efectos profundos en la democracia dominicana. Genera apatía ciudadana, alimenta el abstencionismo electoral y fortalece discursos antipolíticos que presentan a la política como un negocio familiar y no como un servicio público. Cuando la ciudadanía percibe que el esfuerzo, la preparación y la honestidad no son factores determinantes para acceder al poder, se rompe el contrato simbólico entre sociedad y sistema político.
Asimismo, la gobernabilidad se ve afectada. Dirigentes con legitimidad limitada suelen gobernar con mayor dependencia de alianzas coyunturales, clientelismo o tutela de grupos de poder, lo que reduce la autonomía de las instituciones y debilita el Estado de derecho.
El problema del poder político heredado no se resuelve únicamente señalando a los individuos que se benefician de él. Se trata de un desafío estructural que interpela a los partidos, a las instituciones electorales y a la cultura política del país. Revalorizar la meritocracia implica fortalecer los mecanismos internos de democracia partidaria, transparentar los procesos de selección de candidaturas y fomentar una ciudadanía más exigente y crítica.
La República Dominicana enfrenta el reto de decidir si su futuro político estará marcado por la reproducción de élites familiares o por la construcción de liderazgos legítimos, forjados en el trabajo político real y en el compromiso con el interés colectivo. De esa decisión dependerá, en gran medida, la solidez de su democracia y la credibilidad de su sistema político en los años venideros.
