Empleados advierten falta de claridad sobre su futuro mientras el Gobierno avanza en la unificación institucional para reducir duplicidades y gasto público

Santo Domingo.– La segunda ola de reformas para la fusión de ministerios y entidades del Estado, impulsada por el Gobierno dominicano, ha reactivado un clima de incertidumbre laboral entre miles de servidores públicos, especialmente en aquellas instituciones que aún no han sido integradas formalmente y donde persisten resistencias sociales, educativas y sindicales.

La iniciativa fue presentada en septiembre de 2024 por el presidente Luis Abinader como parte de una estrategia para simplificar la estructura estatal, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, a más de un año de su anuncio, todavía quedan al menos cinco procesos de fusión pendientes, mientras crece la preocupación entre empleados que desconocen cuál será su destino laboral.

“El temor es lógico. Nadie sabe exactamente qué se elimina, qué se queda y quién continúa”, expresó un servidor público que pidió anonimato, reflejando un sentimiento generalizado en instituciones sujetas a reestructuración. La ausencia de información oficial y de cronogramas claros ha alimentado el desconcierto, ante la posibilidad de recortes, traslados o desvinculaciones.

La inquietud no es infundada. La ya ejecutada fusión entre los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo evidenció que las áreas de soporte —como recursos humanos, legal, compras, administración y transporte— suelen ser las más impactadas. Ese proceso incluyó integraciones de equipos, reubicaciones, jubilaciones y desvinculaciones, bajo la coordinación del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Uno de los proyectos que mayor debate ha generado es la anunciada integración del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (Minerd). Según lo explicado por el Ejecutivo, la medida busca fortalecer el sistema educativo, elevar la calidad de la enseñanza y modernizar la política pública en el sector. No obstante, sectores académicos y empleados han manifestado reservas sobre su impacto operativo y laboral.

Además de esa fusión, el Gobierno contempla la creación de un Ministerio de Economía y Hacienda; la absorción del Ministerio Administrativo de la Presidencia por la Presidencia de la República; y la integración del Instituto Agrario Dominicano (IAD) al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de eliminar redundancias y fortalecer el financiamiento agrícola.

Otras unificaciones anunciadas incluyen la combinación de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) con el programa Supérate —ya concretada bajo la Dirección de Desarrollo Social Supérate—, la integración de los Comedores Económicos con el Plan Presidencial Contra la Pobreza, y la incorporación de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial al Ministerio de la Vivienda (MIVED). También se plantean fusiones en áreas marítimas, agropecuarias y artesanales.

Hasta ahora, solo tres procesos han sido ejecutados: la fusión de Hacienda y Economía, la integración de ADESS con Supérate y la absorción del IAD por Agricultura. El resto permanece en fase de anuncio o planificación, mientras la incertidumbre laboral continúa siendo el principal costo social de una reforma que, aunque orientada a la eficiencia del Estado, mantiene en vilo a buena parte de su capital humano.